El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rechazó de manera contundente los señalamientos que buscan vincular a su administración con grupos delictivos y afirmó que su gobierno no forma parte de un supuesto “narcogobierno”.
Durante sus declaraciones, Armenta señaló que respeta la libertad de expresión, pero cuestionó que ésta sea utilizada para difundir lo que calificó como calumnias o mentiras, particularmente cuando pretenden construir una narrativa que relacione a funcionarios públicos con organizaciones criminales.
“Yo respeto la libertad de expresión de verdad al máximo, pero no acepto la calumnia”, expresó el mandatario.
Armenta sostuvo que existe una estrategia política para intentar relacionar a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación con el crimen organizado, algo que rechazó categóricamente.
“No somos un narcogobierno”, afirmó.
El gobernador también hizo referencia a las acciones emprendidas contra distintos grupos delictivos y aseguró que integrantes de su administración han recibido amenazas públicas provenientes de diferentes organizaciones.
En ese contexto, sostuvo que su gobierno no ha optado por ignorar los problemas de seguridad y afirmó que se han tomado decisiones para enfrentar a quienes operan fuera de la ley.
También habló sobre el Museo Barroco
Durante sus declaraciones, Armenta también abordó el tema de la deuda pública relacionada con el Museo Internacional del Barroco. Señaló que, desde su perspectiva, su administración buscó una alternativa que permitiera reducir el impacto financiero para el estado.
El mandatario cuestionó qué habría ocurrido si, en lugar de buscar una solución institucional al problema de la deuda, hubiera aceptado un supuesto acuerdo fuera de los canales oficiales a cambio de un beneficio económico personal.
En tono crítico, hizo referencia a la posibilidad de recibir un “moche”, rechazando que su gobierno pudiera actuar bajo ese tipo de acuerdos.
Las declaraciones se producen en medio de una discusión política en la que se han intensificado los señalamientos sobre seguridad, crimen organizado y presuntos vínculos entre actores políticos y grupos delictivos.
Hasta el momento, los señalamientos mencionados por el gobernador forman parte de la confrontación y el debate político; cualquier acusación concreta de carácter delictivo debe ser sustentada mediante pruebas y, en su caso, investigada por las autoridades competentes.
About The Author
